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Miércoles, 25 de Diciembre de 2024

(LXXVIII): De la supresión de la ilustración a la oposición al estado liberal (II). La ilustración imposible (II): La dinastía domesticada

Viernes, 17 de Septiembre de 2021

Mientras España se había ido debilitando – y empobreciendo - década tras década, la iglesia católica no sólo había mantenido su poder en el territorio nacional sino que incluso lo había aumentado[1].  Por un lado, sus propiedades rurales habían aumentado favorecida esta circunstancia por los privilegios de manos muertas; por otro, su control sobre los corazones, las mentes y los espíritus de los españoles quedaba asegurado gracias a la Inquisición.  Finalmente, no había dejado de tender una red en la que se vieran atrapados los gobernantes.   Al dar inicio el siglo XVIII y el gobierno de los Borbones, dos tercios de los nombramientos de los cargos de la iglesia católica española se decidían en Roma y la Santa Sede disfrutaba de unos ingresos ciertamente muy elevados que procedían de las sedes, de los beneficios eclesiásticos vacantes en España y de los derechos que percibían los tribunales eclesiásticos.  Se podía suponer que semejante situación concluiría, en parte, porque Felipe V podía seguir la política de Luis XIV de limitar el poder papal en el interior de su territorio, pero, sobre todo, porque tenía cuentas pendientes con la Santa Sede.  De hecho, el papa había apoyado en la guerra civil al archiduque Carlos no siguiendo criterios de legitimidad sino intentado, como en el caso del emperador Carlos V, evitar la existencia de una potencia de carácter imperial que pudiera frenar su poder.  Ante esa actitud, Felipe V había roto las relaciones diplomáticas con la Santa Sede.  El triunfo del Borbón llevó al Vaticano a aceptar prestamente un cambio de bando y, en 1713, a iniciar conversaciones con el nuevo monarca para suscribir un concordato.  No se llegó a la firma hasta el año 1753 ya con Fernando VI en el trono.  En apariencia, el retroceso de la iglesia católica no era pequeño ya que el rey se reservaba el derecho de nombramiento y las rentas que antes percibía la Santa Sede que, a su vez, renunciaba al privilegio que eximía de contribución a las tierras de la iglesia católica.  Sin embargo, la nueva dinastía no dejaría de verse sometida a los intereses eclesiales.  A ello contribuiría de manera decisiva la actividad de dos instituciones como eran la Compañía de Jesús y la Inquisición.

Su carácter instrumental a la hora de imponer los intereses de la Santa Sede sobre los de España quedó ya de manifiesto durante las conversaciones para la firma del concordato.  En 1714, apenas iniciadas las negociaciones, la Inquisición condenó una memoria en la que Melchor de Macanaz, ministro del rey, exponía las posiciones de Felipe V.  El golpe era maestro porque dejaba de manifiesto que la iglesia católica estaba más que dispuesta a arremeter contra la política regia si así le parecía conveniente.  Se ha especulado con la posibilidad de que Felipe V acariciara la idea de destituir al inquisidor general y así lograr que se evitara la condenación de su ministro.  Si así lo pensó, no fue lo que, finalmente, hizo.   Dominado por un confesor perteneciente a la Compañía de Jesús, la sentencia de la Inquisición se mantuvo y Macanaz se vio obligado a exiliarse.  Salvó seguramente la vida, pero sus bienes fueron confiscados.  Por lo que se refiere a los Borbones aprendieron la lección.  Aunque el concordato tardara en firmarse, lo cierto es que el Santo Oficio y la Compañía de Jesús actuaron a su antojo hasta la llegada al trono de Carlos III en 1759.

CONTINUARÁ


[1]  En el mismo sentido, véase: R. Herr, España y la revolución del siglo XVIII, Madrid, 1988, pp. 10 ss.

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