Con todo, el tema de la libertad religiosa resultaba relativamente menor cuando se comparaba con una de las áreas en las que la iglesia católica ansiaba ejercer un control absoluto.  Nos referimos, claro está, a la enseñanza^[1].  Cánovas deseaba que el estado conservara su autoridad sobre las escuelas y las universidades, pero la iglesia católica insistía en que esa autoridad debía quedar seriamente limitada por el artículo 2 del concordato que establecía que la enseñanza tenía que estar supeditada a “la pureza de la doctrina de la fe”.  En un intento de satisfacer las exigencias episcopales, Cánovas presentó en 1878 el texto de un proyecto de ley de educación que otorgaba a los obispos la autoridad para realizar inspecciones de las escuelas públicas primarias y secundarias con la finalidad de que se viera garantizado que la enseñanza moral se ajustaba a la doctrina católica.  El texto implica una extraordinaria limitación del estado así como la cesión de un papel relevante en la educación a una confesión religiosa.  Con todo, los obispos manifestaron su insatisfacción porque el estado seguía insistiendo en contar con un papel en la educación y no reconocía a la iglesia católica un poder absolutamente autónomo dentro del estado.  La insistencia en conservar privilegios que la convertían en un verdadero estado dentro del estado volvió a verse con notable claridad cuando los obispos se opusieron al establecimiento de la enseñanza primaria obligatoria.  El argumento utilizado fue que semejante obligatoriedad iba en contra de la libertad de los padres que podían considerar mejor que sus hijos no se educaran^[2].  Sin embargo, cuesta no ver bajo una luz no especialmente favorable el que la iglesia católica se opusiera a que los españoles recibieran una instrucción elemental.  En ese sentido, contrastaba en términos acentuadamente negativos con los pasos que, ya en el siglo XVI, habían dado las confesiones surgidas de la Reforma protestante impulsando una enseñanza obligatoria y gratuita.  No puede sorprender que con esos planteamientos, la autorización en 1876 de una escuela laica como era la Institución Libre de Enseñanza provocara un verdadero vendaval de protestas del clero.

CONTINUARÁ

[1]  Sobre el tema, véase: Yvonne Turin, La educación y la escuela en España de 1874 a 1902, Madrid, 1967.

[2]  Robles Muñoz, Insurrección…, pp. 181-3.