El mismo año de 1856, el general O´Donnell se hizo con el poder con lo que la constitución resultó nonata y no llegó nunca a aplicarse y la desamortización de Madoz no se consumó. Sostenido por los liberales eclécticos que apoyaron a O´Donnell durante la mayor parte del tiempo (1856, 1856-63; 1865-66) y por los moderados bajo la dirección de Narváez, el régimen intentó subsistir, pero resultaba obvio que esa perdurabilidad iba a ser limitada. Ciertamente, los moderados se esforzaron en llevar a cabo una política exterior de relevancia que se tradujo en intervenciones en México al lado de Napoleón III (1861-2), en Cochinchina también al lado de Francia (1858-1863), en Hispanoamérica con la guerra del Pacífico contra Perú y Chile (1864-1883) y, sobre todo, en Marruecos (1859-60) donde se obtuvieron éxitos notables. Sin embargo, el sistema, como tal, seguramente estaba muerto una década antes de su desaparición.
Las razones del final de la monarquía isabelina fueron diversas. Por un lado, el sistema electoral estaba notablemente viciado y resultaba poco representativo. En 1865, por ejemplo, había 418.000 electores sobre un conjunto de 15,5 millones de habitantes. Esa situación permitía que los políticos vivieran en una burbuja e ignoraran, para desgracia de todos, la realidad. Al problema institucional se sumó la crisis económica. En 1861, estalló en Estados Unidos la guerra de Secesión que se extendió hasta 1865. Este conflicto – que, por ejemplo, privó del algodón sureño a la industria textil -,acabó generando la crisis europea de 1865-66 que repercutió también en España y alejó a la burguesía del régimen. A lo anterior hay que sumar una crisis generacional. Así, los políticos de antaño fueron desapareciendo sin que tuviera lugar los recambios oportunos y necesarios. O´Donnell falleció en 1867; Narváez en 1868; González Brabo en 1871 y Bravo Murillo en 1873. Nadie de su talla los sustituyó.
Todo ello se producía en un contexto en el que la dispensadora de ideología más poderosa, la iglesia católica, se definía una vez más como enemiga directa de la libertad. Al respecto, el texto más conocido es el famoso Syllabus de Pío IX (1862), pero éste no es sino una recopilación de documentos pontificios en los que la Santa Sede había combatido lo que consideraba errores perniciosos e intolerables dejando claramente de manifiesto que el aborrecimiento explícito que Gregorio XVI había mostrado hacia las libertades más elementales no constituyó una excepción. Por el contrario, formaba parte de una coherente línea liberticida que se repetiría vez tras vez. El Syllabus no sólo arremetía contra la libertad religiosa, negaba la posibilidad de salvación a los que no estuvieran sometidos a la iglesia católica y calificaba de “pestilentes” a las sociedades bíblicas sino que además insistía en la legitimidad del poder político del papado. Por ejemplo, bajo el epígrafe § IX. Errores acerca del principado civil del Romano Pontífice, el Syllabus señalaba los siguientes:
LXXV. En punto a la compatibilidad del reino espiritual con el temporal disputan entre sí los hijos de la cristiana y católica Iglesia (Letras Apostólicas Ad Apostolicae, 22 agosto 1851)
LXXVI. La abolición del civil imperio, que la Sede Apostólica posee, ayudaría muchísimo a la libertad y a la prosperidad de la Iglesia (Alocución Quibus quantisque, 20 abril 1849)
N.B. Además de estos errores explícitamente notados, muchos otros son implícitamente reprobados, en virtud de la doctrina propuesta y afirmada que todos los católicos tienen obligación de tener firmísimamente. La cual doctrina se enseña patentemente en la Alocución Quibus quantisque, 20 de abril de 1849; en la Alocución Si semper antea, 20 de mayo de 1850; en las Letras Apostólicas Cum catholica Ecclesia, 26 de marzo de 1860; en la Alocución Novos, 28 de septiembre de 1860; en la Alocución Jamdudum, 18 de marzo de 1861; en la Alocución Maxima quidem, 9 de junio de 1862.
En otras palabras, los católicos no podían discutir siquiera sobre la compatibilidad que podía tener el hecho de que el papa se presentara, a la vez, como vicario de Cristo y como rey de un estado teocrático. Tampoco les era lícito sostener que la desaparición de los Estados pontificios – todavía existentes – podría ser una medida que revertiría en beneficio de la iglesia católica. Ambas tesis debían ser rechazadas de plano por los católicos y, como muestra de cuáles eran las razones, se aducían una serie de documentos pontificios previos.
No menos obvias resultaban las enseñanzas del papa en relación con lo que aparece agrupado bajo el epígrafe titulado § X. Errores relativos al liberalismo de nuestros días:
LXXVII. En esta nuestra edad no conviene ya que la Religión católica sea tenida como la única religión del Estado, con exclusión de otros cualesquiera cultos (Alocución Nemo vestrum, 26 julio 1855)
LXXVIII. De aquí que laudablemente se ha establecido por la ley en algunos países católicos, que a los extranjeros que vayan allí, les sea lícito tener público ejercicio del culto propio de cada uno (Alocución Acerbissimum, 27 septiembre 1852)
LXXIX. Es sin duda falso que la libertad civil de cualquiera culto, y lo mismo la amplia facultad concedida a todos de manifestar abiertamente y en público cualesquiera opiniones y pensamientos, conduzca a corromper más fácilmente las costumbres y los ánimos, y a propagar la peste del indiferentismo (Alocución Nunquam fore, 15 diciembre 1856)
LXXX. El Romano Pontífice puede y debe reconciliarse y transigir con el progreso, con el liberalismo y con la moderna civilización.
Los textos citados no pueden resultar más elocuentes. La Santa Sede consideraba un error el que en una nación cualquiera se tolerara otra religión distinta a la iglesia católica; el que se tolerara en naciones católicas el culto público de los extranjeros de otra religión; el que se negara que la libertad religiosa corrompe más fácilmente las costumbres y los ánimos o el que se pretendiera que el papa debía aceptar conceptos tan odiosos como los de progreso, liberalismo o moderna civilización.
Se mire como se mire, la postura de la iglesia católica difícilmente hubiera podido ser más contraria a la libertad – en especial la de conciencia y la de expresión – y a cualquier elemento que implica la posibilidad de reducir mínimamente su poder político o de avanzar en la causa de las libertades. Se podrá negar a día de hoy, pero lo cierto es que la iglesia católica, lejos de ser una defensora de la libertad, era una de sus enemigas más encarnizadas. En ese contexto, ¿qué podían hacer unos políticos españoles que, por definición, eran católicos y que habían suscrito un concordato con la Santa Sede? Al fin y a la postre, sólo tenían como vía de progreso de la nación una política exterior que tenía más de forma que de fondo y la realización de unas obras públicas, sin duda, necesarias, pero que sirvieron no poco para fomentar una extraordinaria corrupción. ¿Podía ser de otra manera cuando, en 1864, Pio IX en su encíclica Qui pluribus dejaba de manifiesto que estaba dirigida “contra los varios modos con que se presentan atractivos los vicios en esa tan grande libertad de publicaciones y curiosidad tan grande de saber”? Si la libertad de publicaciones y la curiosidad de saber eran condenadas expresamente por el papa, ¿puede sorprender el atraso de España y la línea seguida por unos políticos que, por definición, deseaban ser moderados y mantener las mejores relaciones con la Santa Sede?
CONTINUARÁ
