No más afortunado fue el intento de crear un régimen verdaderamente constitucional.   La Regencia de María Cristina no sólo debió ocuparse de la guerra contra los carlistas y de la difícil situación financiera, sino también a la articulación del nuevo estado, un estado moderno cuya creación se acometía con décadas de retraso en relación con el resto de Europa occidental.  En breve tiempo, surgirían de ese empeño dos constituciones.  Lo más lógico hubiera sido regresar a la constitución de 1812, pero la división de los liberales entre moderados y progresistas llevó a los primeros a proceder a la elaboración del Estatuto real de 1834.  Este texto legal no fue una constitución propiamente dicha sino un estatuto, es decir, un texto otorgado por el rey al pueblo.  Su redacción se debió a Martinez de la Rosa – llamado por sus adversarios políticos Rosita la pastelera  por su tendencia a las componendas – y adoptó la forma de carta otorgada, es decir, que la soberanía no residía en la nación, como había indicado la Constitución de 1812, sino en el rey que compartía algunas funciones con el parlamento.  Por añadidura, las Cortes aparecían contempladas como un organismo situado a mitad de camino entre una asamblea consultiva y una legislativa, y podían ser interferidas por el rey.   Finalmente, el monarca tenía el monopolio de la iniciativa legislativa; convocaba, suspendía o disolvía las Cortes; sancionaba las leyes con posibilidad última de ejercer el derecho de veto; nombraba próceres de modo ilimitado; elegía al presidente y vicepresidente de los Estamentos y nombraba y cesaba al presidente del consejo de ministros y a los miembros del gabinete.  El Estatuto real significaba el fin del absolutismo, pero, a la vez, no implicaba un régimen liberal y representativo.  A lo sumo, se daba un proto-parlamentarismo al ser necesaria la confianza del rey y de las cortes para gobernar.