El final de la primera guerra carlista no significó, ni lejanamente, el triunfo de un proceso de modernización impulsado por los liberales más moderados.  Las señas más claras – e incompletas - de ese proceso fueron la Desamortización y el intento de establecer un régimen constitucional.  Los dos intentos – previos al reinado de Fernando VII – no alcanzaron sus objetivos poniendo de manifiesto hasta qué punto la articulación del estado liberal sería un proceso abortado por la oposición de la iglesia católica.  A finales del siglo XVIII, la iglesia católica era la institución más poderosa en términos económicos del reino^[1].  De acuerdo con el catastro de Ensenada de 1749, en las veintidós provincias de Castilla, las instituciones eclesiásticas recibían cerca de la cuarta parte de los ingresos agrícolas, cifra verdaderamente espectacular a la que había que sumar diezmos, préstamos y los beneficios derivados de la propiedad de cerca de tres millones de cabezas de ganado de pastoreo^[2].  Dado que las propiedades de la iglesia católica estaban sujetas al denominado régimen de “manos muertas” que impedía su venta y sólo tenía como finalidad su acumulación, una porción altísima de la riqueza nacional quedaba fuera del mercado y no podía ser aprovechada.  La desamortización, por lo tanto, constituía una medida política, social y económica cuya final era en poner en el mercado, mediante subasta pública, las tierras y bienes no productivos que se hallaban en poder de las llamadas “manos muertas”, es decir, la iglesia católica o la nobleza.  Ambas los habían acumulado durante siglos como habituales beneficiarias de donaciones, testamentos y abintestatos y la manera en que los retenían era fuente de no pocos trastornos para la vida de la nación.  La desamortización se había llevado a cabo con buenos resultados ya en el s. XVI en aquellas naciones donde había tenido lugar la Reforma protestante.  En España, a pesar del peso de la iglesia católica, la defensa de la Desamortización se había emprendido ya en el s. XVIII por parte de ilustrados que eran católicos, pero que consideraban que la desaparición del sistema de manos muertas era indispensable para el bienestar nacional.   Ahora, estallada la guerra carlista, la Desamortización perseguía el aumento de la riqueza nacional, la amortización de la deuda pública indispensable para poder hacer frente a los gastos bélicos contra los insurrectos carlistas y la creación de una clase media de labradores propietarios que estabilizara la nación como había sucedido en la Francia posterior a la Revolución francesa, aunque – debemos insistir en ello – la desamortización en España no miraba a los ejemplos de la Reforma del siglo XVI ni a la experiencia francesa sino a los antecedentes españoles.

De hecho, los primeros intentos de desamortización se llevaron a cabo durante los reinados de Carlos III y Carlos IV entre 1766-1808 y entre ellos deben incluirse de manera muy especial la desamortización debida a Godoy y al ministro Cayetano Soler (1800-08). En el curso de la misma, se desamortizaron bienes de los jesuitas, de hospitales, hospicios, de casas de misericordia, de colegios mayores universitarios, y bienes no explotados de particulares.  Como tantos intentos impulsados con la Ilustración quedó malogrado porque la iglesia católica era demasiado poderosa como para tolerarlos. 

Diferente de esa acción desamortizadora ilustrada fue la llevada a cabo por José I, el rey intruso, que no implicó la supresión de la propiedad, sino la confiscación de rentas para emplearlas en el avituallamiento y los gastos de guerra de las tropas napoleónicas.  En este caso, se procedió a la devolución en 1814.

Con posterioridad y de manera bastante lógica, durante el trienio liberal (1820–1823), se llevaron a cabo algunas desamortizaciones realmente poco ambiciosas.  Sin embargo, como tantas otras medidas, fueron derogadas tras la llegada de los Cien mil hijos de san Luis y la expulsión de los liberales del poder. 

Las desamortizaciones realmente importantes fueron, sobre todo, las realizadas por Mendizábal y, posteriormente, de Madoz.  La idea de Mendizábal, presidente del gobierno, no era dejar a la iglesia católica al arbitrio de sus propios recursos – a decir verdad, como todos los liberales españoles antes y después ni pensó en separar a la iglesia del estado ni tampoco en dejar de mantener al clero diocesano o en que la iglesia se mantuviera con sus propios medios – sino suprimir algunas órdenes religiosas masculinas y poner a la venta sus propiedades en subasta pública para así enjugar la deuda nacional procedente de la guerra.  Con todo, la desamortización no fue completa. Por supuesto, la resistencia de la iglesia católica fue encarnizada ya que consideraba que aquellas medidas habían “saqueado el patrimonio de Jesucristo”^[3], una afirmación bien reveladora si se tiene en cuenta que el propio Jesús se había presentado como alguien tan desprovisto de bienes que no tenía “donde recostar la cabeza” (Mateo 8: 20).  En su oposición, la iglesia católica llegó incluso a agitar el espantajo del antisemitismo pretendiendo que Mendizábal era un judío, una afirmación que no tenía punto de contacto con la realidad.  A decir verdad, todavía siglo y medio después seguiría realizando estas afirmaciones.  En aquel momento, la iglesia católica tomó la decisión de excomulgar tanto a los expropiadores como a los compradores de las tierras y de seguir apoyando al carlismo.

Desde una perspectiva económica, la desamortización tuvo consecuencias desiguales.  Por un lado, se produjo una concentración de la propiedad de acuerdo con la estructura ya existente, ya se tratara de latifundios o de explotaciones medias y pequeñas.  Además, se suprimieron los bienes comunales con lo que muchos emigraron hacia las ciudades.  Sin embargo, también se dieron resultados positivos como el hecho de que se saneó la Hacienda Pública que ingresó más de 14.000 millones de reales procedentes de las subastas y se aumentó la superficie cultivada y la productividad agrícola.

Políticamente, se identificó – no siempre justamente, no siempre inocentemente - el liberalismo con el anticlericalismo lo que no era siempre cierto y además se fortaleció la posición del carlismo en ciertas zonas de España con una iglesia católica que, según opinión de historiador católico Ricardo de la Cierva, era preconciliar, pero hasta del Vaticano I.  En no escasa medida, la Desamortización fue una de tantas ocasiones perdidas en la Historia de España.  Pero lo fue, fundamentalmente, porque las presiones eclesiásticas impidieron que se pudiera llevar a cabo.  En 1841, Mendizábal había deseado que la desamortización se ampliara al clero diocesano, pero no fue hasta 1855 que pudo ponerse en práctica semejante plan y hasta 1860 que pudo considerarse vendido el grueso de las grandes propiedades de la iglesia católica^[4].  El que se precisara más de dos décadas para llevar a cabo un proceso angustiosamente necesario para la economía nacional dice no poco de las limitaciones inmensas con que se vio caracterizado el proyecto de crear un estado moderno de corte liberal.

 CONTINUARÁ

[1]  Gonzalo Anes, Las crisis agrarias en la España moderna, Madrid, 1970, p. 292.  

[2]  Antonio Matilla Tascón, La única contribución y el catastro de Ensenada, Madrid, 1947, pp. 535-543.

[3]  La Revista católica, 1842, p. 126.

[4]  W. Callahan, Oc, p. 22.