Por un lado, deseaba que la democracia circulara sobre los indispensables carriles constitucionales y, por otro, dudada del contenido de un texto que – no nos engañemos – no redactaron ni las cortes ni siquiera los denominados padres sino, fundamentalmente, Fernando Abril Martorell y Alfonso Guerra.  Esto último lo ignoraba yo entonces, pero no se me pasaban otras circunstancias.  La primera era que la constitución consagraba desigualdades históricas.  Conservaba privilegios forales absolutamente inaceptables y que persisten a día de hoy; pretendía ser laica, pero mencionaba expresamente a la iglesia católica o creaba una artificial desigualdad entre regiones al calificar a algunas de ellas como nacionalidades.  La segunda era precisamente la inclusión del término nacionalidades que los nacionalistas entonces y Pablo Iglesias ahora han identificado con nación lo que no deja de ser un rebuzno histórico y jurídico.  Que esa interpretación disparatada y egoísta iba a terminar mal ya lo avisó entonces Julián Marías, pero es que podía verlo cualquiera que no se cegara.  La tercera era que el modelo autonómico contemplado en el título VIII iba a ser un desastre no sólo porque provocaría una tendencia centrífuga e insolidaria sino porque además iba a costar un riñón y la yema del otro.  Con todos los defectos que se puedan achacar a la constitución – los estudié en uno de mis libros que ganó un premio de ensayo y que tenía el revelador nombre de El traje del emperador – lo cierto es que implicó un enorme avance.  No sólo es que superaba de calle a las Leyes fundamentales del franquismo sino que además, por primera vez en la Historia de España, era un texto que pretendía integrar a todos y que no iba dirigido contra nadie.  Posiblemente, hubiera podido mejorarse poco a poco y sin traumas de no ser por la deslealtad de unos nacionalismos – a la que se ha sumado finalmente la de la izquierda – que han terminado llevándonos a lo que ya se podía temer hace cuatro décadas.  No soy yo partidario de abrir un proceso constituyente hoy que sólo nos conduciría a una república bolivariana.  Sin embargo, o reformamos el nefasto sistema autonómico o acabará consumando la ruina económica y política del sistema.