En realidad, la crisis de 1489-1492 – con el asesinato del inquisidor Arbués y el proceso por crimen ritual del Niño de la Guardia – podía haber sido neutralizada sin recurrir al expediente de la expulsión.  Es cierto que la iglesia católica llevaba siglos atizando la hoguera del antisemitismo y que tan vil conducta había recibido un nuevo impulso con la aparición de las órdenes mendicantes.  Es cierto que existía entre la población un cúmulo de sentimientos antisemitas que venía de siglos atrás y que no sólo se dirigía contra los judíos sino también contra los conversos.  Es cierto que los citados episodios exacerbaron considerablemente esos sentimientos. Todo ello, sin duda, es cierto, pero no lo es menos que los Reyes Católicos hubieran podido optar por una solución diferente a la crisis como, dicho sea de paso, habían hecho otros monarcas que los habían precedido.  Inicialmente, pareció que así sería.

Apenas habían pasado unos días de la ejecución de los procesados cuando las turbas se lanzaron a la calle en Ávila y en otros muchos sitios decidida a descargar su cólera sobre los judíos.  Precisamente para evitar esas situaciones y, siguiendo múltiples precedentes, justo al mes de la ejecución de Franco, Fernando e Isabel dictaron un decreto en el que proclamaban su amparo para con los judíos y sus propiedades.  Sin embargo, la medida no logró de momento conjurar la crisis. 

Las voces que pedían la expulsión fueron aumentando y contaban además con algún precedente cercano.  Durante años, los reyes católicos habían impedido que se expulsara a los judíos de Guipúzcoa, pero en 1483 habían aceptado aquella expulsión en algunas zonas de Andalucía como el barrio de Triana o el Corral de Jerez y lo mismo había sucedido en Zaragoza y Albarracín después del asesinato de Arbués. 

Las razones para no extender la medida a la totalidad del territorio nacional resultaban obvias.  Los judíos eran vasallos útiles y el proceso de asimilación se había hecho galopante en algunos lugares al menos desde hacía un siglo. Sin embargo, los Reyes Católicos, en 1492, decidieron navegar sobre la marea antijudía en lugar de contenerla.  Ciertamente con esa decisión perdían no sólo rentas y dineros sino personal cualificado; ciertamente, los judíos les ofrecieron – como tantas veces en los siglos anteriores - dinero para permanecer en suelo español.  Pero la decisión de los Reyes Católicos se inclinó por escuchar más el clamor del clero y de ciertos sectores del pueblo azuzados por el mismo que por contenerlos.  Fue un gravísimo error – junto con la implantación de la Inquisición, uno de los mayores de su reinado – que permanecería como una de las páginas más negras en la Historia de los judíos y que además tendría funestas para España por más que irrite a los apologistas católicos o a los que todavía siguen impulsando la causa de beatificación de Isabel la católica.

El 31 de marzo de 1492, a los tres meses de concluirse la guerra de Granada, Fernando e Isabel promulgaron una pragmática donde se ordenaba la expulsión de los judíos.  En ella se señalaba que durante los últimos años no habían sido pocos los judíos que habían engañado a los conversos para que abandonaran la religión que habían abrazado creando tan sólo discordias y grande daño.  El argumento tenía cierta conexión con la realidad, pero muy escasa y, desde luego, abiertamente insuficiente como para justificar una medida como la de la Expulsión.

De acuerdo con el texto, debían todos los judíos abandonar los reinos antes del 31 de julio y no osar regresar a ellos so pena de muerte y confiscación de bienes.   Podían empero sacar todos sus bienes con la excepción del oro, la plata o la moneda – es para preguntarse por los bienes que les quedarían tras esas excepciones - y además contarían con el seguro, amparo y defendimiento de los reyes para preparar su salida y negociar sus bienes.

Ante la terrible medida, algunos judíos se bautizaron en la iglesia católica como el rabí Abraham que fue apadrinado por el cardenal Mendoza y el nuncio del papa o Abraham Senior y su yerno el rabí Mayr a los que apadrinaron los propios Reyes católicos.  Otros recurrieron a un expediente ya antiguo que, en ocasiones, había resultado, el de ofrecer el oro que fuera suficiente para permanecer en tierras de Castilla y Aragón.  De hecho, Abrabanel y otros judíos principales llegaron a ofrecer trescientos mil ducados a Fernando para que se volviera atrás de la decisión.  Se trató de una entrevista secreta y, al parecer, el rey Fernando se sintió más que tentado de aceptar aquel dinero y desandar lo ya decidido.   Como han reconocido autores de la talla de B. Netanyahu, Fernando no era antisemita y es posible que considerara que el desembolso podía compensar el malestar que se crearía entre el clero y ciertos sectores del pueblo llano si los judíos finalmente no eran expulsados.   Por otro lado, la tentación era grande porque grande era la necesidad económica que sufrían los Reyes Católicos tras la guerra de Granada.   Quien impidió que cambiara de opinión fue, al parecer, la reina Isabel.  A su juicio, seguramente, lo que consideraba la paz, el sosiego, la calma del reino y de la iglesia católica y la unidad religiosa eran valores que no podían ser vendidos y que compensaban sobradamente los perjuicios derivados de la expulsión de los judíos.  De esa manera, la decisión se convirtió en un proceso irreversible.

El 18 de julio de 1492, Isabel y Fernando dictaron una real provisión para que gozaran de protección aquellos judíos mientras se encontraran en nuestros reinos y nadie les privara de lo suyo ni les impusiera tributos abusivos.  Sin embargo, el respeto por las formalidades más estrictas no puede ocultar la realidad de la tragedia.   

CONTINUARÁ

Barnett R. D., The Shephard Heritage: Essays of the History and Cultural Contribution of the Jews of Spain and Portugal, Vol I: The Jews in Spain and Portugal before and after the Expulsion of 1942, New York, 1971;  Conde y Delgado Rafael, La expulsión de los judíos de la Corona de Aragón: Documentos para su estudio, Zaragoza, 1991; M. A. Motis Dolader , La expulsión de los judíos de Zaragoza, Zaragoza, 1985; M. A. Motis Dolader, La expulsión de los judíos del Reino de Aragón, Zaragoza, 1990; L. Suárez, Documentos acerca de la expulsión de los judíos, Valladolid, 1964;  L. Suárez, La expulsión de los judíos de España, Madrid, 1991