He recordado el plan fiscal de Marx y Engels repasando el del presidente Biden y sus fuertes subidas de impuestos. Dado que los planes de la Administración Biden coinciden con la voluntad de los legisladores demócratas y que éstos cuentan con una posición mayoritaria en la Cámara de Representantes y el Senado, es más que probable que 2021 concluya con un fuerte aumento de la presión fiscal.

De hecho, el llamado Plan Americano para el Empleo contiene un conjunto de medidas encaminadas a aumentar los impuestos de las empresas. Entre esas medidas, se encuentra que el tipo de referencia del Impuesto de Sociedades suba del 21% al 28%. Nada menos que siete puntos o, si se prefiere, más de un treinta por ciento.

Entre esas medidas, está también la creación de un «suelo» efectivo del 15% en el Impuesto de Sociedades y acabar con la conducta que permite repatriar beneficios obtenidos en el extranjero a cambio de abonar una tasa reducida del 10%.

Igualmente, entre los planes de Biden se encuentran la abolición de la deducción del Impuesto de Sociedades que prima el registro o transferencia de propiedad intelectual a Estados Unidos y la reducción de la aplicabilidad de las deducciones del Impuesto de Sociedades para las empresas de energía que trabajan con combustibles fósiles lo que significará un golpe severo contra la industria petrolera americana.

En paralelo, el llamado Plan para las Familias Americanas incluye otras medidas que aumentarán todavía más la presión fiscal para los ciudadanos americanos. De esta manera, el tipo superior subiría del 37% al 39,6%. Igualmente, la fiscalidad de las rentas del capital, que actualmente contempla tipos del 0%, 15% y 20%, pasaría a repetir la tarifa de las rentas del trabajo (que va del 12% al 37%) para aquellas personas que obtengan más de un millón de euros por esta vía. De manera similar, se aumentaría la fiscalidad relacionada con la transferencia de activos financieros en caso de herencia por causa de muerte, por encima de un mínimo exento de un millón de dólares. Por si fuera poco, se introduciría un recargo del 3,8% en las rentas de más de 400.000 dólares generadas por vehículos de inversión o beneficios empresariales.

En total, la Oficina Presupuestaria del Congreso contempla que la subida impositiva implicará extraer de empresas y ciudadanos la cantidad de 2 trillones de dólares. Estos aumentos, ciertamente, muy elevados coinciden con una situación macroeconómica delicada relacionada con la crisis del coronavirus.

La justificación de la política fiscal de Biden es que los recursos conseguidos de esta manera se encaminarían hacia un «plan de infraestructuras» y una serie de «inversiones verdes». El argumento, sin embargo, no se sostiene. A decir verdad, el retorno de estas inversiones públicas es un 50 por ciento inferior al de las inversiones privadas y, por añadidura, el impacto neto será un 33% inferior de lo planteado, puesto que los gobiernos estatales y locales reducirán ciertas partidas de gasto para aprovechar la subida del gasto federal y aliviar sus planes de gasto.

Por supuesto, se puede apelar a que los “ricos” pagarán estas subidas, pero hay que ser muy ignorante para creer semejante afirmación. Cualquiera que conozca el funcionamiento del sistema fiscal en Estados Unidos sabe que los grandes dinosaurios empresariales – y personales – apenas pagan impuestos y que la carga fiscal recae sobre el amplio espectro de las clases medias. Si alguien cree que Soros o Rockefeller o Buffet va a pagarle los servicios sociales puede esperar, pero mejor que lo haga sentado para no caer exhausto.

La realidad nada difícil de prever es que la cadena de subidas de impuestos impulsada por la administración Biden tendrá consecuencias directas y nada positivas sobre los Estados Unidos. En primer lugar, contraerá los beneficios de las empresas y con ello provocará la paralización o ralentización de la creación de empleo, en el mejor de los casos, y la destrucción de millones de puestos de trabajo, en el peor.

En segundo lugar, asestará un golpe devastador a las empresas petroleras de Estados Unidos poniendo en cuestión el autoabastecimiento conseguido por la nación y siendo susceptible de provocar crisis energéticas y destrucción de puestos de trabajo.

En tercer lugar, dificultará el trasvase de tecnología a los Estados Unidos, una baza muy peligrosa en momentos en que China está adelantando a Estados Unidos en la competencia tecnológica.
En cuarto lugar, implicará la aniquilación de millones de puestos de trabajo productivos que serán sustituidos por otros de carácter no productivo y pagados a costa de los contribuyentes.

Finalmente, en quinto lugar, implicará un empobrecimiento de las clases medias, que sufrirán de la manera más severa la presión fiscal y los golpes asestados contra los derechos sucesorios. Si bien es cierto que millones de americanos pasarán a depender directamente del dinero que les entregue el estado convirtiéndose en inmensas clientelas electorales, habrá otros millones que, en paralelo, sufrirán un proceso de dolorosa proletarización. Para millones de habitantes de los Estados Unidos simplemente resultará más atractivo vivir a costa del contribuyente como parásitos sociales que buscar un empleo o iniciar una empresa.

Por supuesto, la fortuna irá por barrios. Si alguien tiene un pequeño negocio o una mediana empresa; si es empleado o profesional las medidas fiscales de Biden le resultarán, en términos generales, nefastas. Si, por el contrario, vive de industrias del aborto como Planned Parenthood, forma parte de un lobby gay sostenido por subsidios públicos, es un contratista de los que carga en exceso los gastos al estado o pertenece a una minoría hiperatendida las perspectivas pueden resultar radiantes, en concreto, las de vivir de manera improductiva – por no decir parasitaria – a costa de los ciudadanos americanos que, en mayor o menor medida, crean riqueza.

Al final, se habrá dado un paso de gigante hacia el socialismo, precisamente el mismo que describieron Marx y Engels y que viene propiciado por privar a los ciudadanos de sus rentas para emplearlas en gastos estatales, por aumentar cada vez más los impuestos y por ir gravando las herencias hasta que, al cabo de los años, en muchos casos ya no resulte rentable recibirlas como, por cierto, sucede en algunas naciones de la Unión Europea como es el caso de España. Las masas de subvencionados y subsidiados contribuirán, previsiblemente, a respaldar semejante dislate en las urnas, pero el coste para los ciudadanos de Estados Unidos puede llegar a ser pavoroso.